Fly2Galicia: El conflicto político que amenaza su lanzamiento

El 'caso Fly2Galicia' acorrala al gobierno de Santiago de Compostela en plena escalada política que amenaza con bloquear el despegue de la nueva aerolínea. La alcaldesa Goretti Sanmartín, del BNG, enfrenta una ofensiva conjunta del PP y el PSOE que cuestiona la viabilidad financiera de la compañía promotora y sus vínculos geopolíticos controvertidos. Con el lanzamiento previsto para el 1 de diciembre, la operación aérea que prometía conectar Galicia con ocho destinos europeos se ha convertido en un campo de batalla institucional.

Capital social de un euro y due diligence ausente

El núcleo del escándalo reside en la estructura societaria de Aviation Mobility Services Group, la empresa que comercializa Fly2Galicia. Esta compañía dispone de un capital social de apenas un euro, un dato que Borja Verea, portavoz del PP en Santiago, ha esgrimido para denunciar la falta de control previo del gobierno municipal.

Verea ha cargado directamente contra la alcaldesa por no haber realizado una due diligence básica antes de respaldar públicamente el proyecto. La crítica apunta a una vulnerabilidad estructural que podría dejar a los pasajeros y al propio ayuntamiento expuestos ante una potencial insolvencia.

Por su parte, el PSOE compostelano, con su candidato a la alcaldía Pedro Blanco a la cabeza, ha formalizado la petición de que Sanmartín comparezca en el pleno municipal. La formación exige detalles exactos sobre el grado de implicación del consistorio y qué información manejaba sobre las empresas vinculadas a la operación.

Flyyo, la aerolínea rumana que activa la alerta en Moncloa

La complejidad del caso se multiplica con la figura de Flyyo, la aerolínea rumana que operará los vuelos mediante un acuerdo de wet lease o charter. Fly2Galicia carece de estructura aérea propia, por lo que Flyyo aportará los Airbus A320, las tripulaciones y los medios operativos necesarios para cubrir las 17 frecuencias semanales programadas.

Sin embargo, informaciones sobre presuntos vínculos de Flyyo con intereses israelíes han activado las alarmas en el Ministerio de Consumo. El titular del departamento, Pablo Bustinduy, ha advertido públicamente que el Ejecutivo español podría aplicar la normativa de decomiso si se confirma que la aerolínea obtiene beneficios derivados de la ocupación de territorios palestinos.

Esta amenaza legal introduce una incertidumbre operativa de primer orden. La legislación española sobre comercio con zonas ocupadas, desarrollada en los últimos años, permite intervenciones sobre empresas que operen en el mercado nacional si se demuestra su conexión con actividades lucrativas en Cisjordania o Gaza. La declaración de Bustinduy eleva el conflicto desde la esfera local al ámbito de política exterior y comercio internacional.

El mapa de rutas y las tarifas de 19 euros, en jaque

Fly2Galicia mantiene su calendario de lanzamiento para el 1 de diciembre pese a la tormenta política. La red contempla 17 frecuencias semanales desde el aeropuerto de Santiago de Compostela hacia ocho destinos, con una división clara entre mercado doméstico e internacional.

Las rutas nacionales cubrirán Granada, Alicante y Zaragoza, con precios mínimos anunciados de 19 euros. El segmento internacional incluye Milán, Venecia, Múnich, Praga y Bruselas, una apuesta por el tráfico de corto radio que competiría directamente con las conexiones actuales desde Vigo y A Coruña, además del tren AVE a Madrid.

La estrategia de precios agresivos responde al modelo de aerolínea de ultra bajo coste que Fly2Galicia pretende implantar en un mercado gallego históricamente deficitario en conectividad aérea directa. No obstante, la combinación de capitalización mínima del promotor, dependencia operativa total de una tercera parte y escrutinio gubernamental pone en duda la sostenibilidad de esa oferta tarifaria.

La cuenta atrás hacia el 1 de diciembre sin certezas jurídicas

El escenario actual deja a Fly2Galicia en una posición de máxima tensión. La compañía necesita resolver simultáneamente tres frentes: la legitimidad política local, la viabilidad financiera demostrable y la ausencia de riesgo regulatorio por la vía de Flyyo. Cualquiera de estos tres factores podría derivar en la suspensión de la operación.

El ayuntamiento de Santiago, gobernado por el BNG en minoría con el apoyo del PSOE hasta hace meses, afronta ahora una crisis de confianza con sus antiguos socios. La ruptura de ese pacto en materia de política aérea complica cualquier intento de Sanmartín por obtener respaldo institucional adicional para el proyecto.

Para el sector turístico gallego, el desenlace tiene implicaciones directas. La comunidad autónoma depende en gran medida del turismo de origen europeo, especialmente del mercado alemán, británico e italiano. Una conectividad mejorada sin necesidad de escalas en Madrid o Barcelona ha sido reclamada durante años por las asociaciones hoteleras y las cámaras de comercio de la región.

El precedente de Vueling en Santiago y la desconfianza del mercado

El caso Fly2Galicia no es el primer intento de establecer una base operativa en Santiago con apoyo público. En 2014, Vueling inauguró una base estacional que llegó a operar con cuatro aeronaves, aunque la reducción progresiva de frecuencias terminó por dejarla como mera escala sin personal asignado. Ese precedente alimenta la cautela de los analistas del sector ante nuevas promesas de expansión aérea en Galicia.

La diferencia sustancial reside en que Vueling contaba con el respaldo de IAG y una estructura financiera consolidada. Fly2Galicia, por el contrario, externaliza la operación aérea íntegra y depende de una sociedad patrimonial con capital simbólico. Este modelo, habitual en aerolíneas virtuales o de bajo coste emergentes, exige una confianza del consumidor que en este momento resulta difícil de generar.

Los hoteleros compostelanos, que habían incluido las nuevas rutas en sus previsiones de ocupación para el puente de diciembre y la temporada navideña, se encuentran ahora en una encrucijada. Confirmar reservas asumiendo que los vuelos operarán supone un riesgo reputacional si la suspensión se produce con posterioridad. La falta de claridad en los próximos quince días será determinante para sus estrategias de revenue management.

Comparecencia en el pleno y decisión del Ministerio, las dos fechas clave

El calendario inmediato contiene dos hitos obligados. El primero, la comparecencia de Goretti Sanmartín en el pleno municipal, que el PSOE ha solicitado con carácter urgente. La fecha dependerá de la convocatoria de la junta de portavoces, aunque lo habitual situaría el debate en la sesión ordinaria de septiembre o en una extraordinaria si la presión opositora lo consigue.

El segundo hito es la resolución, o al menos el avance, del Ministerio de Consumo sobre la situación de Flyyo. Bustinduy ha evitado concretar plazos, pero la proximidad de la fecha de lanzamiento obliga a una respuesta antes de mediados de noviembre si debe afectar a la planificación operativa.

Entre ambas fechas, Fly2Galicia deberá decidir si mantiene la venta de billetes con la incertidumbre legal pendiente o retrasa el inicio de operaciones. La segunda opción supondría costes adicionales de wet lease que una estructura con capital de un euro difícilmente podría asumir sin inyección de fondos externos.

Información publicada originalmente por Preferente.