Hospedajes turísticos: el Gobierno de España aplica IVA del 21%

El Gobierno de España endurece el castigo fiscal a los pisos turísticos con un paquete de medidas sin precedentes: IVA al 21%, recargos del 100% en el IBI para grandes tenedores y multas de hasta un millón de euros. El acuerdo entre PSOE y Sumar, que llegará al Congreso tras el verano, redefine las reglas del juego para plataformas como Airbnb y Booking, propietarios y ayuntamientos. La información completa está disponible en Preferente.

IVA al 21% y recargos del 100%: el núcleo duro del decreto

La medida estrella es el salto del IVA reducido al general para estancias de hasta 30 días. Hasta ahora, estas operaciones disfrutaban de tipos bonificados; con el nuevo decreto, el 21% se aplicará en municipios de más de 10.000 habitantes. El impacto en el precio final para el turista es inmediato.

En el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los ayuntamientos podrán activar un recargo del 50% en zonas tensionadas. Si el propietario acumula cuatro o más viviendas dedicadas al alquiler turístico, ese recargo se duplica hasta el 100%. La progresividad busca frenar la concentración de vivienda turística en manos de grandes operadores.

Las plataformas digitales también entran en el radar. Airbnb y Booking deberán conectar con la Ventanilla Única Digital para intercambiar datos de las estancias. El incumplimiento se penaliza con multas de 500.000 euros por información incompleta o errónea, y de hasta un millón de euros, o el 2% de la facturación global, para infracciones graves.

Junts y Podemos torpedean la tramitación: el decreto llega fracturado al Congreso

El acuerdo PSOE-Sumar no garantiza la aprobación. Junts califica el texto de "intervencionista" y ha anunciado oposición. Podemos, por su parte, rechaza la inclusión de reformas de leyes de suelo que el Ejecutivo ha acoplado al paquete. Sin sus apoyos, la aritmética parlamentaria se complica.

El decreto debe superar el trámite parlamentario tras el verano. Si no logra mayoría absoluta, podría quedar en suspenso o sufrir mutilaciones que diluyan su efecto. El calendario electoral del ciclo 2026-2027 añade presión: cuanto más se retrase, menos tiempo queda para que las medidas produzcan efectos tangibles antes de posibles comicios.

La fragmentación política refleja una tensión estructural. El modelo de alquiler turístico genera empleo y fiscalidad, pero también expulsión residencial y conflicto vecinal. Cada partido pondera estos factores de forma distinta, y el resultado es una tramitación que arranca con el pie cojo.

El contrato temporal, bajo lupa: de la presunción a la prueba

La medida más técnica y, quizás, la de mayor alcance residencial es la reforma de los contratos temporales. A partir de la entrada en vigor, el arrendador deberá especificar y acreditar la causa que justifica la temporalidad. Si no lo hace, o si la causa resulta insostenible, el contrato se reclasificará retroactivamente como arrendamiento de vivienda permanente.

Esto afecta a una práctica extendida: el alquiler turístico encubierto como alquiler por temporada. Muchos propietarios eludían la regulación turística mediante contratos de meses que, en realidad, funcionaban como estancias rotativas. La medida cierra esa vía y equipara la carga probatoria a la del alquiler tradicional.

Para el hotelero, la implicación es directa. Los apartamentos turísticos competían con ventaja fiscal y regulatoria; si el decreto prospera, esa brecha se estrecha. El efecto dependerá de la capacidad de inspección de las comunidades autónomas y de la resolución de conflictos judiciales que la reclasificación retroactiva inevitablemente generará.

Plazos y escenarios: qué pasa entre septiembre y diciembre de 2026

El decreto llegará al Congreso tras el verano, lo que sitúa su tramitación en septiembre-octubre como escenario optimista. Si Junts y Podemos mantienen su posición, el Gobierno necesitará renegociar puntos concretos o buscar apoyos alternativos. La ventana legislativa se estrecha conforme avanza el año.

La aplicación efectiva de los recargos del IBI depende de la capacidad de los ayuntamientos para identificar viviendas turísticas y activar la figura de "zona tensionada". Madrid y Barcelona ya tienen registros activos; municipios de menor tamaño enfrentarán costes de implementación que podrían retrasar la medida hasta 2027.

¿Cuántos propietarios se desinflarán ante el nuevo escenario fiscal? La pregunta clave para el sector hotelero no es si el decreto cambia las reglas, sino si cambia los incentivos suficientemente rápido como para alterar el stock de vivienda turística antes de que el ciclo político lo devore.